Sin que en ningún momento se menoscabe la labor de control y supervisión de Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento, con las enmiendas que tienen previsto plantear hoy PSOE y PP al Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003 se produce un evidente refuerzo de la capacidad de gestión de las autoridades portuarias.

Desde el punto de vista de los ingresos y las tasas, la propuesta más significativa de las recogidas en las enmiendas es la de establecimiento de coeficientes correctores por parte de cada autoridad portuaria.

Así, las tasas de utilización mantienen una estructura y cuantías básicas comunes para el conjunto de las Autoridades Portuarias, pero con la posibilidad de establecer coeficientes correctores diferentes para las tasas correspondientes al buque, al pasaje y a la mercancía, con el objeto de que se pueda tomar en consideración su estructura de costes en un marco de competencia leal entre puertos, quedando así garantizado el principio de autosuficiencia económica.

Cada Autoridad Portuaria realizará la propuesta de dichos coeficientes correctores de acuerdo con los límites y criterios establecidos en la Ley, y también de acuerdo con los que se determinen de forma más concreta por Orden Ministerial, tomando en consideración las previsiones plurianuales de evolución de sus tráficos, de nivel de endeudamiento y de necesidades de inversión, así como sus objetivos de gestión, la rentabilidad anual objetivo y un rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto para los ejercicios siguientes.

Esto supone una importante novedad en la medida en que cada Autoridad Portuaria deberá proponer sus coeficientes correctores y su política de bonificaciones, de acuerdo con su propia realidad física, económica y de situación competitiva a nivel nacional e internacional, sin que por ello puedan producirse prácticas abusivas o discriminatorias entre los distintos usuarios.

Dada esta apuesta por la autosuficiencia económica y de gestión de las APs, se propone la reforma de instrumentos como el Fondo de Compensación Interportuario.

Así, se considera que este no debe ni puede hacer frente a las necesidades financieras de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión de cada una de ellas, de cara al cumplimiento del principio de autosuficiencia económica. De esta manera, se propone su reforma para hacer frente a las necesidades financieras del sistema causadas por la diferente posición competitiva de las Autoridades Portuarias, sin distorsionar la leal competencia entre ellas.

De las enmiendas de PP y PSOE también hay que destacar que se atiende a las peticiones de la APs en torno a las fórmulas para calcular la tasa de ocupación en función de una valoración de los terrenos que "no podía tomar como referencia el valor del suelo urbano colindante al puerto".

Según lo propuesta, la referencia ahora sería el valor de los terrenos, que se determinará sobre la base de criterios de mercado. A tal efecto, la zona de servicio se dividiría en áreas funcionales, asignando a los terrenos incluidos en cada una de ellas un valor por referencia a otros terrenos del término municipal o de los términos municipales próximos con similares usos y condiciones, en particular los calificados como uso logístico.